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El Gobierno ha aprobado durante el Consejo de Ministros el proyecto de Presupuestos Generales del Estado en el que se contempla la subida de impuestos. A continuación os explicamos claramente los datos para que todos sepamos el alcance de la medida:
- El incremento de precio supone 3,8 céntimos por litro de gasoil.
- Afectará a todos los particulares y transportistas con vehículos de menos de 7,5 toneladas lo que supone un total 130.000 vehículos, un tercio de la flota.
- Todavía no conocemos la entrada en vigor de la subida.
La noticia la ha dado la Ministra de Hacienda María Jesús Montero en la rueda de prensa después del Consejo de Ministros del martes 27 de octubre de 2020. Se presenta hoy en el Congreso de los Diputados junto con otras joyas como la reducción de las desgravaciones a los planes de pensiones.
Después de este incremento de impuestos el gasoil seguirá siendo 6 céntimos más barato (menos caro) que la gasolina. Pese a todo, la ministra ha dicho que esta subida no tiene carácter recaudatorio y que se trata de seguir las recomendaciones de UE y de la OCDE en materia de fiscalidad ambiental.
No obstante, se calcula que la recaudación aumente unos 500 millones de euros que saldrán del bolsillo de los conductores españoles que tienen la mala costumbre de ir a trabajar todos los días o incluso algunos ir de fin de semana o de vacaciones de vez en cuando, siempre claro está cuando lo permitan las restricciones de movilidad a las que estamos sometidos.
Lo que hace el Gobierno es poner palos en las ruedas de un sector que ya de por sí está muy castigado y que ha hecho un esfuerzo enorme para mantener las estanterías de los supermercados llenas durante los peores momentos. Además, incrementa la presión fiscal en el momento de la mayor caída de la economía jamás conocida.
Está claro que la “fiscalidad ambiental” es una excusa y se trata de recaudar para tratar de reducir el déficit público en lugar de reducir el abultado gasto superfluo del Gobierno y administraciones públicas donde si trabajasen con la eficiencia del sector del transporte no sería necesario expropiar el dinero de los sufridos contribuyentes.